Académico experto en vulcanología: En Chile 30 volcanes son
de alto y muy alto riesgo
A raíz de la erupción del Volcán La Palma, en España, Gabriel
Orozco Lanfranco, de la Carrera de Geología de la UST Santiago, destacó que en
Chile la “Ley General de Urbanismo y Construcción establece
restricciones al desarrollo en zonas de peligros naturales”.
Desde hace algunas semanas el Volcán La Palma, en España, entró
en erupción, generando interés de expertos y la sociedad civil, debido a que la
lava ha arrasado con viviendas cercanas y cuyas imágenes han dado la vuelta al
mundo. En Chile, al ser un país volcánico, esto no pasó desapercibido. “Todos
los fenómenos volcánicos presentan similitudes, en tanto su actividad
superficial significa riesgos para la vida y las actividades humanas”, señaló el
Geólogo Gabriel Orozco Lanfranco, Académico de la Carrera de Geología de la
Universidad Santo Tomás Santiago.
El también
Magíster y Doctor © en Volcanismo Oceánico complementó que dicho riesgo “engloba dos componentes: uno puramente
natural, en muchos casos de carácter incierto, y otro componente que
incorpora la presencia de actividades humanas, como asentamientos,
infraestructura y sistemas. Mientras que el primero no puede reducirse, la
responsabilidad sobre el segundo recae enteramente en la sociedad y su forma de
relacionarse con estos lugares”.
Por este motivo, sostuvo el
Profesor Orozco
Lanfranco, en Chile “las autoridades
deben encargarse de incentivar el estudio y mejor comprensión de estos fenómenos,
con la finalidad de orientar las decisiones para la disminución del riesgo
hacia niveles en que su gestión resulte más manejable. Esto
puede conseguirse mediante restricciones a la utilización de ciertos
territorios, como asimismo mediante salvaguardas legales o financieras que
faciliten la restitución de las pérdidas materiales”.
No construir cerca de volcanes
Al ver las imágenes que llegaron desde España, surge la
inquietud sobre la construcción de viviendas en las cercanías de un volcán en Chile.
“En nuestro país, la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC) establece
restricciones al desarrollo en zonas de peligros naturales, entre las cuales se
contempla el peligro de erupciones, y en mayor grado son los municipios los
encargados de la aplicación de estas restricciones”, dejó en claro el Académico.
Agregó que en la actualidad, sin embargo, “se configura una
paradoja de desconocimiento para la efectiva aplicación de esa legislación,
mientras no se homogenice y complete la determinación oficial y detallada de
todas aquellas zonas. En la última década, el estado ha incrementado
notablemente el conocimiento en relación con las áreas potencialmente
afectadas, aunque aquel trabajo aún está lejos de ser completado. De unos pocos
volcanes se sabe mucho y el resto posee aún poco conocimiento científico”.
Los más activos de Chile
Gabriel
Orozco Lanfranco detalló que “en Chile existen cerca de 90 volcanes
susceptibles de reactivación en el futuro, de los cuales 30 son considerados de
alto y muy alto riesgo, ubicados en todo el territorio, aunque concentrados
mayormente en la zona centro-sur, por existir mayor población expuesta. Los
cuatro primeros de la lista son Villarrica, Llaima, Calbuco y el Nevados de
Chillán. Este último en pleno proceso eruptivo”.
Afirmó que para monitorear dicha actividad y prevenir
posibles desastres naturales está el Servicio Nacional de Geología y Minería
(SERNAGEOMIN). “Es el encargado de realizar, tanto el estudio básico de los
volcanes, como de administrar la red de monitoreo de actividad volcánica, cuyo
objetivo es alertar tempranamente de cualquier cambio en las condiciones que
pudiese anticipar alguna reactivación”, explicó.
El experto sentenció que “tras lo ocurrido en la erupción
del volcán Chaitén en 2008, Chile fortaleció su capacidad de monitoreo. Actualmente,
posee un sistema de alertamiento que ha mostrado su efectividad en las crisis
de la última década. Los desafíos en el mediano y plazo se ubican en la mejor
comprensión de los sistemas volcánicos y de sus futuras áreas de afectación,
para fortalecer la capacidad de preparación y reacción de las comunidades ahí
expuestas, y en la efectiva aplicación de restricciones en zonas potencialmente
afectadas”.
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