Gobernador y
parlamentarios se reúnen para promover postergación de la ley sobre
desmunicipalización de la educación pública
Dirigentas aseguran que
normativa perjudica la calidad de la educación y pone en riesgo la fuente
laboral de técnicos y profesionales.
De manera urgente el Gobernador Regional, Ricardo Díaz
Cortés, las diputadas, Marcela Hernando, Catalina Pérez y el senador, Pedro Araya,
se reunieron con representantes de diversos gremios pertenecientes a la
educación pública local. En la instancia, se analizó en detalle la
implementación de los servicios locales de la educación, enmarcados en el
proceso de desmuniciplaización, y las principales dificultades que ha presentado
su ejecución en diferentes comunas del país.
A juicio del gobernador se trata de un buen proyecto con una
mala implementación. “Desde el gobierno regional y el Consejo Regional hemos
destacado la labor que han realizado nuestros alcaldes quienes están muy
preocupados por este proyecto, por lo mismo, necesitamos aplazar esta
implementación para mejorar su desarrollo, y así, evitar eventuales despidos
que aumente las desigualdad en la educación y la posible pérdida de la
educación para niños, niñas y adolescentes con
necesidades educativas especiales”.
Díaz también agregó que “pronto tendremos una reunión con los
gobernadores de la macro zona norte a fin de discutir las problemáticas que han
ocasionados los consejos en sus respectivos territorios, para luego aunar
fuerzas, y junto con los parlamentarios, expresar con firmeza nuestro clamor
directamente al ministerio de educación”, destacó.
Parlamentarios
La diputada, Marcela Hernando,
comentó que desde la Cámara Baja llevan bastante tiempo insistiendo en la
postergación y, sobre todo, en la revisión de la iniciativa y la evaluación de
lo que ha sido su implementación en los lugares donde ha partido. “Mi impresión
es que ninguno de los servicios está funcionando como debería. Además, esta es
una reforma tremenda que no debería aplicarse a costa de la inestabilidad
laboral, por esta razón, no estamos contentos con la forma de implementación, y
no queremos que esto ocurra en nuestra región”, puntualizó.
Por su parte el senador, Pedro Araya, indicó que “estamos
todos consientes que había que hacer cambios a nuestro sistema educativo
municipal que ya no da para más, sin embargo, cuando se firmó esta ley se
estipuló que su ejecución debía ser paulatina en el tiempo, a objeto de ver cómo
se iban desarrollando, pero, finalmente se aplicaron los servicios locales de
la educación, por ejemplo, en Chinchorro con muchos problemas y no queremos que
eso se replique en nuestra zona”.
Araya además agregó que “los senadores de oposición, que
integran la comisión de educación, le ha hecho ver al ministro Figueroa la
necesidad de revisar lo que está ocurriendo con la ley de
desmunicipalización para aplicar una
prórroga de la ley, pero hasta ahora, hemos tenido un gobierno bastante sordo ante
la problemática que se ha presentado”, estimó.
Gremios
Ivette Gareca, presidenta (s) del sindicato de profesores y
profesionales de la educación fue clara en señalar que “desde que se discutió
esta iniciativa se pudo detectar que atentaba contra las organizaciones
sindicales y en contra las unidades educativas, especialmente, por falta de
conocimiento de los diferentes contextos. Por otra parte, acá la educación
diferencial es fundamental por la alta demanda, incluso tenemos operativo un
gimnasio terapéutico, instancias que están en riesgo de desaparecer, así que,
esperamos que la implementación sea reformulada a la brevedad”, destacó.
Finalmente, la presidenta de del sindicato de trabajadores/as
de casa central de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS),
Jessica Aguila, señaló que “el gobierno no ha tenido la voluntad política para
revisar y discutir los procesos, está empecinado en implementar la ley 21.040 así como está,
incluso Contraloría se pronunció respecto a la deficiente gestión
administrativa de los servicios locales de educación. Pedimos mejoras y hasta
ahora nada ha ocurrido, mientras, seguimos ante una inminente masacre laboral
que afecta a las plantas docentes, asistentes de la educación y funcionarias de
jardines infantiles. Esto es importante que la comunidad lo sepa”, aseguró la
dirigente.
